Educación: la otra catástrofe

La educación no es, lamentablemente, una prioridad en las acciones del Gobierno Federal

La educación siempre ha sido reconocida como la mejor palanca que puede tener un país para lograr condiciones de prosperidad y de bienestar. Hoy, a las múltiples fallas estructurales que ya arrastraba nuestro sistema educativo, se han venido a sumar las decisiones de política pública que lo condenan a la mediocridad y los graves efectos que en su funcionamiento ha provocado la COVID-19. La educación no es, lamentablemente, una prioridad en las acciones del gobierno federal.

La emergencia generada por la pandemia obligó a la suspensión de las clases presenciales para más de 36 millones de estudiantes y que se establecieran estrategias para continuar mediante la educación a distancia.

La crisis sanitaria vino a poner de relieve los temas que desde hace tiempo eran ya parte del debate de la catastrófica situación de la educación en México: las desigualdades entre regiones, entre áreas urbanas y rurales, y entre las diferentes condiciones económicas de las familias, la falta de pertinencia de los contenidos curriculares en relación con las nuevas realidades del país y el mercado de trabajo, la deficiente formación y actualización de los docentes, las insatisfactorias condiciones laborales y de bienestar de los docentes, el grado de compromiso de los padres de familia con el aprendizaje de sus hijos y, por supuesto, el muy bajo rendimiento de nuestros estudiantes, según todas las pruebas acreditadas de los organismos internacionales y de la propia autoridad educativa nacional.  Ahora,  también se ha tenido que incluir en esta reflexión el papel de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en el proceso educativo.

La contingencia cambió el futuro y —como en todos los ámbitos— obligó a adelantar aceleradamente el uso del Internet y sus tecnologías asociadas, la televisión y la radio, para darle continuidad a los aprendizajes.

Los resultados, sin embargo, no acaban de ser convincentes. Primero, porque los aprendizajes mediante el Internet y las tecnologías virtuales no se pueden garantizar para todos, más de 30% de los estudiantes no cuenta con los medios para conectase; segundo, porque no todos los maestros cuentan con las competencias digitales; y tercero, porque los padres no están preparados para respaldar a sus hijos en esta contingencia.

A ello debemos agregar la duda razonable sobre si los contenidos de cada grado y asignatura son los adecuados para enfrentar la “nueva normalidad” que comenzamos a vivir. Y algo más que ha quedado muy claro en estos meses: no hay nada que pueda sustituir el proceso de enseñanza aprendizaje como una experiencia humana de socialización: la educación es un proceso social.

Urge repensar como debe funcionar el sistema educativo para sentar las bases de una política que trascienda la contingencia sanitaria y la coyuntura electoral.

Urge fortalecer la formación y actualización de los docentes, así como replantear los contenidos curriculares de la educación básica para darle una mayor importancia a los lenguajes —lectura, escritura y matemáticas— y con ello potenciar las capacidades de autoaprendizaje .

Urge, en fin, definir una política educativa de Estado que haga posible un país con mayores oportunidades para todos, competitivo y próspero.

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