La transición amenazada

Las condiciones de atraso económico, pobreza y desigualdad que caracterizan el desarrollo de nuestro país, están profundamente relacionadas con la capacidad de nuestro régimen político para afianzar las bases del estado de derecho y procesar los acuerdos colectivos que son necesarios a efecto de lograr mayores oportunidades de bienestar.

La sociedad mexicana se ha esforzado por casi cuatro décadas en impulsar una transición a la democracia que permita mejorar las formas de gobierno, garantizar el respeto a los derechos humanos, asegurar el acceso a la información pública y la transparencia de la gestión pública, fomentar una mayor equidad de género y crear instituciones que certifiquen la expresión libre de la voluntad ciudadana en los procesos electorales, entre otros avances muy importantes.

Con todo y que falta mucho trecho por recorrer, 55.8% de los mexicanos se muestra interesado o preocupado por los asuntos del país, según la Encuesta Nacional de Cultura Cívica 2020 (Encuci) que levantó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Igualmente, 69.2% de la población se inclina por un gobierno donde todos podamos participar en la toma de decisiones; 65.2% prefiere un gobierno democrático contra solo 16.4% que le gustaría un gobierno no democrático y 14.7% que le da lo mismo; y, algo muy revelador, 52.7% de la población se expresa satisfecha con la democracia alcanzada y 46.8% se considera aún insatisfecha.

Así pues, cuando la mayoría de los ciudadanos son partidarios de la democracia como forma de gobierno, y estarían dispuestos a continuar el proceso de la transición, desde el Poder Ejecutivo federal se impulsa una agenda de gobierno que pretende destruir y, en el mejor de los casos, desarticular los avances logrados.

Someter a los poderes Legislativo y Judicial a los mandatos del Ejecutivo aniquila el equilibrio de poderes y viola flagrantemente la Constitución. Es un retroceso desvirtuar el funcionamiento o atentar en contra de los organismos autónomos que operaban para preservar el interés público y de las personas, como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Instituto Nacional de Transparencia, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos.

A lo anterior debe agregarse la guerra declarada contra el Instituto Nacional Electoral (INE) y a los tribunales que no han atendido los requerimientos políticos del Ejecutivo federal y que amenaza con destruir los cimientos mismos del sistema de partidos.

El INE es un organismo autónomo que, hasta hoy, ha merecido la confianza y el reconocimiento de la mayoría de la población y que ha sido garantía de imparcialidad y certidumbre en los procesos electorales. Por esto, su debilitamiento o aniquilación, como pretende el Gobierno federal, significaría un gran retroceso de la transición democrática y con ello, deteriorar aún más las capacidades del país para crecer económicamente y, en consecuencia, para abatir la pobreza y la desigualdad.

Por supuesto que el nuevo marco legal e institucional, las reformas que se impulsaron para mejorar la competitividad económica, elevar la calidad educativa y, especialmente, para mejorar nuestra democracia son perfectibles, pero destruirlas sin construir mejores alternativas significa un verdadero error histórico.

Es una terrible incongruencia demandar durante años que se construya un puente para atravesar el río y, cuando se construye y se logra cruzar, dinamitarlo.

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