El avance del retroceso

Con un gobierno empeñado en restablecer condiciones ya superadas históricamente, mediante el aliento cotidiano de la confrontación social y la flagrante violación de las leyes, México se encuentra en el umbral de una situación inminente de retroceso y menoscabo de su economía, de su vida democrática, de su orden jurídico y de la calidad de vida de la población.

No cabe duda de que estamos viviendo un momento decisivo en la imposición de un régimen político cuya narrativa de “izquierda” se niega con las acciones más retrogradas y conservadoras que cancelan progresos que se habían logrado con grandes esfuerzos. Paradójicamente, la impunidad, la corrupción y la ineptitud, que mucho se reprueban en el discurso público, son ya un signo distintivo de la actuación de este régimen.

En una situación de estancamiento económico y de inflación, como no se veía desde hace décadas, con serias afectaciones que provocó la pandemia en la vida de las familias mexicanas y un contexto global sumamente amenazante para la paz mundial y la seguridad, el país avanza sin freno en el retroceso.

Así se puede observar en la fractura del orden jurídico en que incurre el Gobierno Federal y las fuerzas políticas oficialistas al promover la revocación de mandato para sustentar la continuidad del proyecto populista, sostener el clima de confrontación social y cancelar la posibilidad de un gobierno de políticas públicas responsables y de largo alcance para el desarrollo del país. No debería extrañar si el ejercicio “revocatorio” de hoy se convierte mañana en una consulta para la extensión de mandato.

El retroceso en nuestra vida democrática se anuncia también por el ataque permanente del Ejecutivo al Instituto Nacional Electoral (INE), la institución autónoma más valiosa con que contamos para organizar, transparentar y dar validez a los procesos electorales, con la participación ciudadana y de los propios partidos políticos. Aniquilar su autonomía y cambiar las reglas para la designación de sus consejeros, como quiere el partido oficialista, sería un gran salto hacia el pasado; tirar por la borda más de cincuenta años de lucha por la democracia.

Es un retroceso que la Suprema Corte de Justicia de la Nación convalide la Ley de la Industria Eléctrica que fue propuesta por el Ejecutivo, en abierta contraposición a la Constitución, para restablecer el monopolio de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), dar prioridad a la distribución de la energía más cara que se produce con combustibles fósiles, arruinar los proyectos de inversión ya realizados por particulares para producir energías renovables e incumplir los compromisos ambientales del país para contrarrestar el cambio climático.

Pero nada ilustra tan claramente este afán regresivo como la iniciativa presidencial de reformar la Constitución para cancelar la competencia en el mercado eléctrico en detrimento del desarrollo del país.
La propia Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) recomendó al Poder Legislativo no aprobar la reforma eléctrica del ejecutivo ya que “…el cambio de paradigma propuesto ocasionaría un aumento de costos a lo largo de la cadena de valor de la industria eléctrica, lo que provocaría un aumento de tarifas que lesionaría el bienestar de los consumidores y la posición competitiva de las empresas, o bien un desvío de recursos para subsidiar un servicio público ineficiente… la Iniciativa comprometería el funcionamiento eficiente del sector en general y su capacidad para atender las necesidades presentes y futuras. Ello afectaría negativamente tanto a los consumidores como a las empresas, la competitividad del país y con ello su crecimiento económico.”

No podemos quedarnos cruzados de brazos frente a las pretensiones de afianzar este régimen populista y empobrecedor. Gobernantes, legisladores y ciudadanía no alineados con el oficialismo, tenemos una gran responsabilidad frente al país para detener el avance del retroceso. Hoy, por lo pronto, no legitimar la estultucia.

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